Desde el pasado día 11 de julio contamos con nuevos límites para los pagos en efectivo o pagos efectuados en metálico, por aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hasta el día 10 de julio, en aquellas operaciones enlas que intervenía un empresario o profesional, al menos, el límite estaba establecido en 2.500euros: desde el día 11 ese límite es de 1.000 euros. Afecta, por ejemplo, a las operaciones entre dos comerciantes o entre un comerciante y un consumidor final.
Los nuevos límites se aplicarán a todos los pagos efectuados a partir de ese día, aunque se refieran a operaciones que se hayan concertado con anterioridad al establecimiento de la limitación. Las cuantías se expresan en euros o en su contravalor en moneda extranjera, IVA incluido y después de aplicar, en su caso, la correspondiente retención. Para evitar pequeñas –o no tan pequeñas- astucias, para cuantificar esos límites de pago deben acumularse, en todo caso, los posibles fraccionamientos del pago.
ACLARACIONES
¿Y si en las operaciones las dos partes que intervienen son empresarios o profesionales?
El límite es el mismo que el que se aplica a las operaciones en las que, al menos, una de las partes es empresario o profesional y la otra parte es un particular, es decir, 1.000 euros.
¿Y en las operaciones en las que ambas partes no son empresarios ni profesionales?
En ese caso, al igual que ocurría hasta ahora, no hay limitación de pagos en efectivo.
A estos efectos, coincidiendo con el concepto de “cantidades en efectivo” que se aplica en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, debe entenderse por pagos en efectivo, no solo los satisfechos en papel moneda o en moneda metálica -tanto nacionales como extranjeros-, sino también los cheques bancarios al portador, denominados en cualquier moneda, los cheques de viaje y cualquier otro medio físico -incluidos los electrónicos (¿todos los electrónicos o con base electrónica? Se nos plantean dudas sobre el tratamiento, a estos efectos, de las criptomonedas, …)-, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. Es decir, todos aquellos que no dejan huella, una mínima trazabilidad o “baba de caracol”.
Otros elementos que hay que tener en cuenta, con la nueva normativa, son los siguientes:
Los límites cuantitativos no se aplican a pagos e ingresos en entidades de crédito, ni cuando estén sujetos a la supervisión del Banco de España y a la normativa de blanqueo de capitales, a las operaciones de cambio de moneda en efectivo realizadas por los establecimientos de cambio de moneda y a las operaciones realizadas a través de entidades de pago (precisamente, porque, en todos esos casos, “dejan huella”).
Todos aquellos que intervengan en la operación –adquirente y vendedor o suministrador- deben conservar la documentación justificativa de la misma durante un período de cinco años desde la fecha del pago
El incumplimiento de la limitación de pagos conlleva la aplicación de una sanción del 25% del importe pagado en efectivo, con una reducción del 50% si se satisface la misma antes de que recaiga resolución definitiva -en un plazo de 6 meses, ampliado respecto de la anterior regulación, que lo fijaba en 3 meses.
Esa sanción resulta aplicable tanto al pagador como al perceptor, como infractores solidarios, si bien, se eximirá de la misma a aquél que denuncie primero el hecho, en los tres meses siguientes a la realización de la operación, ante la A.E.A.T. No tienen efectos, evidentemente, las denuncias.
RECUERDE: Que las nóminas que usted viene pagando las nóminas a sus trabajadores, alquileres o cualquier otro concepto, si exceden de 1.000 euros, deberán efectuarse por transferencia bancaria.
¿Y todo esto afecta de alguna manera a las cantidades en efectivo que pueden entrar o salir de España?
En principio, no. De eso no se encarga la Ley del Fraude sino la Ley de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. El modelo S1 sigue fijando las cuantías máximas declarables en 10.000 euros en metálico (cuantía que ha contagiado y corregido, sin duda, los límites de uso de efectivo en la normativa antifraude), para entradas o salidas de España, y 100.000 euros para movimientos dentro del territorio nacional.
En el caso de personas físicas particulares no residentes que no actúen como empresarios oprofesionales, –que deberán acreditar su condición de no residente al realizar el pago en efectivo-,el límite se reduce de 15.000 a 10.000 euros. Sería el caso de un turista que adquiere un bien o servicio en España, a título particular, mientras está de vacaciones.
Se han aprobado a partir de hoy en el B.O.E publicado el 27 de enero nuevas medidas para ayudas a autónomos en el periodo del 1 de febrero al 31 de mayo de 2021.
Esta ayuda está destinada para todos los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19 o para aquellos que hayan sufrido un descenso de ingresos de más del 50%, siempre que reúnan una serie de requisitos tal como explicamos en el esquema del siguiente enlace:
¿Cuándo los gastos relacionados con un vehículo son deducibles en IRPF?
Al contrario de lo que sucede en la Ley de IVA, no existe parcialidad respecto a la deducibilidad del gasto y debemos atenernos por tanto a los casos específicos tasados por la Ley o en caso contrario, lo que a la postre resulta prácticamente imposible, justificar la afectación exclusiva del vehículo a la actividad.
La respuesta a esta cuestión la tenemos en el apartado 2 y siguientes del artículo 22 del Real decreto 439/2007 que desarrolla el Reglamento de la Ley de IRPF, en la que se detallan las situaciones en las que el vehículo se considera afecto a la actividad y por tanto el gasto es deducible:
Art. 22. Elementos patrimoniales afectos a una actividad.
Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica aquellos que el contribuyente utilice para los fines de la misma.
No se entenderán afectados:
1º. Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
2º. Aquellos que, siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica que esté obligado a llevar el contribuyente, salvo prueba en contrario.
No se consideran utilizados para necesidades privadas los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, en los siguientes supuestos:
a) Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías.
b) Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
c) Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
d) Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
e) Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo «jeep».
CUATRO FASES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE PYMESY AUTÓNOMOS
La Orden SND/ 386 / 2020, de 3 de mayo, establece que el proceso está articulado en cuatro fases y, dependiendo de en cuál nos encontremos, se podrá reabrir un negocio u otro. Los profesionales autónomos y empresarios deben tener en cuenta la fase para saber si su sector o tipo de negocio puede o no abrir y en qué condiciones.
En la primera fase, o llamada fase 0, entramos todas las provincias el pasado 4 de mayo (a excepción de Formentera, El Hierro y la isla de la Graciosa que pasaron a la 1 directamente). En esta fase se han flexibilizado algunas restricciones sociales y se ha empezado a permitir la reapertura de pequeños comercios y establecimientos de servicios de menos de 400 metros cuadrados. En función de la evolución, se irá avanzando en las fases, permitiendo la apertura de negocios de hostelería, de restauración, reuniones personales, etc. Todo ello con unas condiciones y requisitos exigidos, y también dependiendo de cada territorio. El avance en las fases dependerá de cómo se evolucione en cada sitio. Por tanto, cada comunidad tendrá sus propias reglas, y los autónomos y empresarios de cada una deberán acogerse a las suyas, en función del sector, del tipo de actividad y del ciclo en el que se encuentren.
Sin embargo, las medidas de seguridad que deben cumplir soncomunes a todos los establecimientos a los que se les permita abrir. Por ello, a continuación, vamos a ver qué deben tener en cuenta autónomos y empresarios de pequeños negocios para poder reabrir sus puertas al público. Medidas de seguridad obligatorias para la reapertura de pequeños negocios para poder reabrir sus puertas al público.
MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS PARA LA REAPERTURA DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
Reducir al 30 % el aforo total del local, y mantener una distancia de seguridad de dos metros entre clientes. En caso de que el establecimiento sea pequeño y no pueda mantenerse esa distancia, solo podrán acceder de uno en uno al local.
En línea con lo anterior, el aforo máximo permitido deberá exponerse al público, así como la indicación de mantener la distancia entre clientes. Además, la organización debe poder modificarse si fuera necesario en aras de preservar la seguridad.
Establecer un horario de atención especial y prioritario para mayores de 65 años.
Se deben realizar dos limpiezas y desinfecciones al día. Una de ellas debe ser, obligatoriamente, al final de la jornada. En ellas se prestará especial atención a los pomos de las puertas, mostradores, pasamanos, mesas, grifos, cestas, etc., y demás elementos susceptibles de tocar. Para ello se debe utilizar guantes de vinilo, de acrilonitrilo o de látex y diluciones preparadas en el momento de lejía, de etanol u otro desinfectante eficaz. Tras cada limpieza se desecharán los materiales utilizados y el autónomo se lavará las manos o utilizará gel hidroalcohólico.
La ropa que se utilice para el trabajo, sea o no uniforme, deberá lavarse en máquina entre 60 y 90
El local debe estar correctamente ventilado.
Se deberán colocar papeleras, a ser posible con tapa de pedal, para depositar los desechos. Éstas deberán limpiarse y desinfectarse, al menos, una vez al día.
Es posible tener un servicio de recogida en local siempre que se realice de manera escalonada y sin aglomeraciones. Asimismo, se puede realizar reparto a domicilio.
En caso de ventas automáticas o autoservicio, como lavanderías o máquinas de vending, los responsables deben asegurarse de que se cumple con las medidas de seguridad e higiene obligatorias.
Si hay ascensor o montacargas en el establecimiento, se deberá utilizar de uno en uno.
Los sanitarios abiertos al público no se utilizarán a menos que sea estrictamente necesario y, en cuyo caso, se procederá a su limpieza una vez se acabe.
Siempre que sea posible, se establecerá un sistema de citas para garantizar el aforo y la desinfección. Las peluquerías, por ejemplo, solo pueden funcionar con cita.
A continuación detallamos las condiciones de apertura y medidas de higiene y prevención de riesgos que se deberán aplicar tanto en Fase 0 como en Fase 1 diferenciandolas por sectores:
SE APLAZA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS AL 20 DE MAYO A ALGUNAS PYMES Y AUTÓNOMOS
El Consejo de Ministros aprobó ayer martes 14 de abril un Real decreto-ley por el cual se establece la prórroga del plazo de presentación de impuestos, pasando del 20 de abril al 20 de mayo, para las declaraciones trimestrales de impuestos (IVA, IRPF y pagos fraccionados de Impuesto de Sociedades).
Eso sí, no para todos los autónomos y pymes.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que “ningún autónomo y pyme con una facturación inferior a 600.000 euros deberá presentar ni pagar sus impuestos en el mes de abril, sino que con la prórroga tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo. Y en concreto, ha explicado también, que el plazo para las domiciliaciones será hasta el 15 de mayo, cuando hasta ahora estaba previsto que el plazo venciese este miércoles, 15 de abril.
Las medidas beneficiarán a 3,4 millones de contribuyentes, el 95% del total de empresas y autónomos que tienen que presentar declaración tributaria en abril y con un volumen de facturación inferior a 600.000 euros, ya que para el resto seguirá siendo el 20 de abril de 2020 el plazo de presentación
Por extensión, las nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes con una facturación de hasta seis millones de euros.
Adjuntamos enlace con el BOE en el que se publica el RDL 14/2020.
INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE PLUSVALÍA
Se informa que el Pleno del TC declara inconstitucional el impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota resultante a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano.
El Pleno del Tribunal constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a).
La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al Magistrado Pedro González-Trevijano, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).
El Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.
Se adjunta a continuación el texto íntegro de la Sentencia, obtenido de “La Administración al Día” del Instituto Nacional de Administración Pública:
