IPC ACUMULADO EN ESPAÑA EN 2023 ES DE UN 3,1%
Informamos que ha sido recientemente publicada la cifra definitiva del Índice de Precios al Consumo, situándose el mismo en el 3,1%
Fuente: INE
Informamos que ha sido recientemente publicada la cifra definitiva del Índice de Precios al Consumo, situándose el mismo en el 3,1%
Fuente: INE
Desde la asesoría F. Álvarez hemos realizado este pequeño resumen explicativo para que nuestros clientes puedan tener acceso a conocer las novedades que trae la reforma a la cual se puede acceder en el siguiente enlace:
En los últimos tiempos se han venido aprobando una serie de medidas de apoyo para los consumidores de energía que contribuyan a la reducción del consumo de energías primarias (Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre); las cuales ahora se han visto refrendadas con la introducción de algunas novedades legales para mejorar la eficiencia energética y favorecer el uso de energías renovables.
* Plazo ampliado hasta 31 de diciembre de 2023
* Plazo ampliado hasta 31 de diciembre de 2023
En caso de edificios de comunidades de propietarios) también es aplicable una deducción en este caso del 60% por las obras que reduzcan el consumo energético en las viviendas. La base máxima anual de deducción en este caso es de 5.000 euros por propietario.
* Plazo ampliado hasta 31 de diciembre de 2024
Para más información adjuntamos el link a la publicación en el BOE:
» Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)«
Informamos que ha sido recientemente publicada la cifra definitiva del Índice de Precios al Consumo con el resultado más alto de los últimos ejercicios, situándose el mismo en el 6,5%
Fuente: INE
La Agencia Tributaria viene incluyendo en los Planes Anuales de Control Tributario y Aduanero de 2017 a 2021 distintas actuaciones de obtención de información y cooperación internacional sobre las operaciones realizadas con criptomonedas. El dinero electrónico está ganando terreno al dinero en efectivo y se ha producido un incremento notable en la inversión de monedas virtuales o criptomonedas. Estas operaciones financieras constituyen un activo patrimonial con trascendencia tributaria, por tanto, es preciso tener en cuenta:
La transmisión de las criptomonedas genera una ganancia patrimonial al igual que unas acciones o un fondo de inversión. Por tanto, estos rendimientos se integran en la Base Imponible del Ahorro y deben tributar entre el 19 y el 26%.
La adquisición de criptomonedas altera el Patrimonio del sujeto fiscalmente, por tanto, este hecho tiene repercusión fiscal. Cuando estos activos están en el extranjero si el importe total de todos los bienes que se poseen en el extranjero es superior a 50.000 euros, será obligatorio presentar el modelo 720. Si ya se han declarado bienes en el extranjero a través de esta declaración informativa, solo será preciso volver a presentar la declaración si respecto a la anterior declaración existe una variación de 20.000 euros o si se han transmitido algunos de los activos.
Al mismo tiempo, estas operaciones tienen incidencia en el Impuesto del Patrimonio, por tanto, si se superan los umbrales establecidos por cada Comunidad Autónoma se deberá tributar por el Patrimonio en su totalidad.
El intercambio de una moneda virtual por otra moneda virtual diferente constituye una permuta, lo que supone una nueva alteración en la composición del patrimonio que da lugar a la obtención de una ganancia o pérdida patrimonial, que se cuantifica por diferencia entre su valor de adquisición y de transmisión.
En casos de robo o estafa con criptomonedas, según criterio de la DGT, no se produce una pérdida en la base general de manera automática, sino que se debe acudir a la regla de pérdidas de créditos vencidos y no cobrados. Según esta regla, la pérdida se podrá deducir en el periodo en que se cumpla un año desde el inicio del procedimiento judicial que tenga por objeto la ejecución del crédito, o bien que el deudor se encuentre en situación de concurso y se produzcan determinadas circunstancias.
Desde el pasado día 11 de julio contamos con nuevos límites para los pagos en efectivo o pagos efectuados en metálico, por aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hasta el día 10 de julio, en aquellas operaciones en las que intervenía un empresario o profesional, al menos, el límite estaba establecido en 2.500 euros: desde el día 11 ese límite es de 1.000 euros. Afecta, por ejemplo, a las operaciones entre dos comerciantes o entre un comerciante y un consumidor final.
Los nuevos límites se aplicarán a todos los pagos efectuados a partir de ese día, aunque se refieran a operaciones que se hayan concertado con anterioridad al establecimiento de la limitación. Las cuantías se expresan en euros o en su contravalor en moneda extranjera, IVA incluido y después de aplicar, en su caso, la correspondiente retención. Para evitar pequeñas –o no tan pequeñas- astucias, para cuantificar esos límites de pago deben acumularse, en todo caso, los posibles fraccionamientos del pago.
El límite es el mismo que el que se aplica a las operaciones en las que, al menos, una de las partes es empresario o profesional y la otra parte es un particular, es decir, 1.000 euros.
En ese caso, al igual que ocurría hasta ahora, no hay limitación de pagos en efectivo.
A estos efectos, coincidiendo con el concepto de “cantidades en efectivo” que se aplica en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, debe entenderse por pagos en efectivo, no solo los satisfechos en papel moneda o en moneda metálica -tanto nacionales como extranjeros-, sino también los cheques bancarios al portador, denominados en cualquier moneda, los cheques de viaje y cualquier otro medio físico -incluidos los electrónicos (¿todos los electrónicos o con base electrónica? Se nos plantean dudas sobre el tratamiento, a estos efectos, de las criptomonedas, …)-, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. Es decir, todos aquellos que no dejan huella, una mínima trazabilidad o “baba de caracol”.
En principio, no. De eso no se encarga la Ley del Fraude sino la Ley de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. El modelo S1 sigue fijando las cuantías máximas declarables en 10.000 euros en metálico (cuantía que ha contagiado y corregido, sin duda, los límites de uso de efectivo en la normativa antifraude), para entradas o salidas de España, y 100.000 euros para movimientos dentro del territorio nacional.
En el caso de personas físicas particulares no residentes que no actúen como empresarios o profesionales, –que deberán acreditar su condición de no residente al realizar el pago en efectivo-, el límite se reduce de 15.000 a 10.000 euros. Sería el caso de un turista que adquiere un bien o servicio en España, a título particular, mientras está de vacaciones.